¿Cuánto tarda un procedimiento judicial en Canarias? Los datos del CGPJ
La duración estimada cambia de forma significativa según el tipo de procedimiento.
Cuando un despacho de abogados de la Península lleva un procedimiento en Canarias, una de las cuestiones que puede resultar más difícil de anticipar es la duración de la tramitación.
Pero la pregunta “¿cuánto tarda un procedimiento judicial en Canarias?” no tiene una única respuesta.
Los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que las diferencias pueden ser muy importantes dependiendo del tipo de procedimiento.
En 2023, por ejemplo, la estimación de duración para el conjunto de los asuntos civiles en Canarias fue de 7,5 meses. Sin embargo, dentro de la misma jurisdicción encontramos procedimientos con estimaciones muy diferentes: desde 2,9 meses para los divorcios consensuados hasta 50,4 meses para las ejecuciones hipotecarias. (Poder Judicial)
Esto supone una diferencia de 47,5 meses, es decir, prácticamente cuatro años.
Los tiempos judiciales no son iguales para todos los procedimientos
La primera conclusión que permiten extraer los datos del CGPJ es sencilla: hablar de “la duración de la Justicia en Canarias” como si existiera un único plazo medio puede resultar engañoso.
El tipo de procedimiento tiene una influencia determinante.
Según las estimaciones correspondientes a 2023, en los órganos de la jurisdicción civil de Canarias encontramos, entre otros, los siguientes datos:
Procedimiento
Duración estimada
Divorcio consensuado
2,9 meses
Asuntos civiles
7,5 meses
Verbales arrendaticios
9,2 meses
Divorcio no consensuado
10,7 meses
Ocupación ilegal de vivienda
12,9 meses
Concurso de persona física no empresaria
21,8 meses
División de patrimonios
32,3 meses
Ejecuciones civiles
49,0 meses
Ejecuciones hipotecarias
50,4 meses
Los datos proceden de la herramienta oficial del CGPJ para la estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales. (Poder Judicial)
De 2,9 a 50,4 meses: una diferencia de casi cuatro años
La comparación entre dos procedimientos permite visualizar mejor la magnitud de las diferencias.
La estimación para los divorcios consensuados en Canarias en 2023 fue de 2,9 meses.
Para las ejecuciones hipotecarias, fue de 50,4 meses.
Entre ambos valores existe una diferencia de 47,5 meses.
No significa que una persona que presente una ejecución hipotecaria vaya necesariamente a esperar 50,4 meses, ni que todos los divorcios consensuados finalicen en 2,9 meses.
Lo que indican las cifras es que, atendiendo al modelo utilizado por el CGPJ, la duración media estimada de los asuntos terminados presenta diferencias muy importantes según el procedimiento.
Esta precisión es importante para interpretar correctamente los datos.
Las ejecuciones concentran algunas de las mayores duraciones estimadas
Entre los procedimientos civiles analizados aparecen especialmente elevados los tiempos correspondientes a las ejecuciones.
En Canarias, el CGPJ estima para 2023:
49,0 meses para las ejecuciones civiles en total.
50,4 meses para las ejecuciones hipotecarias.
45,8 meses para las ejecuciones de otros títulos judiciales.
32,3 meses para la división de patrimonios.
21,8 meses para los concursos de personas físicas no empresarias. (Poder Judicial)
Estos datos muestran una característica importante de la actividad procesal: el tiempo necesario para obtener una resolución o resultado procesal no depende únicamente de la existencia de un conflicto, sino también de la naturaleza y fase del procedimiento.
Para un despacho que trabaja habitualmente con asuntos en Canarias, conocer esta diferencia puede ser relevante a la hora de planificar la estrategia procesal y las expectativas temporales del cliente.
Los procedimientos relacionados con arrendamientos también muestran una evolución significativa
Existe además otro dato especialmente interesante porque permite observar la evolución durante una década.
En los verbales arrendaticios, la estimación publicada por el CGPJ para Canarias pasó de:
4,1 meses en 2014
a
9,2 meses en 2023.
La serie publicada por el CGPJ recoge los diez años comprendidos entre 2014 y 2023. Durante ese periodo, la estimación fue aumentando desde los 4,1 meses de 2014 hasta los 9,2 meses de 2023. (Poder Judicial)
Por tanto, en este tipo de procedimiento la cifra de 2023 debe entenderse dentro de una evolución temporal y no como un dato aislado.
¿Y qué ocurre fuera de la jurisdicción civil?
La diferencia entre procedimientos también aparece en otras jurisdicciones.
En el ámbito contencioso-administrativo, por ejemplo, las estimaciones para Canarias en 2023 incluyen:
9,4 meses en otras materias.
10,4 meses en asuntos relacionados con la Administración tributaria.
14,1 meses para el procedimiento ordinario.
14,6 meses en materia de medio ambiente.
18,1 meses en actividad administrativa sancionadora.
26,3 meses en materia de dominio público y propiedades especiales.
26,9 meses en urbanismo.
La diferencia vuelve a ser considerable: dentro de la misma jurisdicción encontramos materias con estimaciones que prácticamente triplican o duplican a otras.
En el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, la herramienta del CGPJ sitúa además en 1,5 meses la estimación correspondiente a los recursos de apelación penales en Canarias para 2023.
¿Qué significan estos datos para un despacho que trabaja con Canarias?
Para un despacho situado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o cualquier otra ciudad de la Península, llevar un procedimiento en Canarias implica trabajar con una realidad judicial territorialmente específica.
Los datos del CGPJ no permiten afirmar cuánto tardará un expediente concreto. Pero sí ofrecen algo diferente: un contexto estadístico para comprender que la duración puede variar considerablemente dependiendo del procedimiento y de la materia.
Esto es especialmente relevante cuando el despacho no trabaja habitualmente con los órganos judiciales de Canarias.
En estos casos, contar con apoyo procesal local puede facilitar aspectos como:
el seguimiento de la tramitación;
la recepción y gestión de notificaciones;
la coordinación con los órganos judiciales;
la presentación y control de actuaciones procesales;
el seguimiento de señalamientos y plazos;
y la comunicación con el despacho que dirige el procedimiento desde la Península.
La colaboración con una procuradora en Canarias permite, además, que el despacho mantenga desde la Península la dirección jurídica del asunto mientras dispone de representación procesal local.
Canarias no es un único órgano judicial
Otro aspecto importante al interpretar estas cifras es que Canarias no debe entenderse como un único escenario judicial.
La Comunidad Autónoma está formada por diferentes islas y partidos judiciales, con sus correspondientes órganos judiciales.
Por ello, los datos autonómicos del CGPJ son útiles para obtener una visión general, pero no deben trasladarse automáticamente a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro como si fueran cifras específicas de cada isla.
Esta distinción es especialmente importante cuando se analiza la duración de un procedimiento concreto.
Una cifra no puede sustituir al seguimiento del procedimiento
Los datos estadísticos sirven para contextualizar, pero no sustituyen el seguimiento individual de un expediente.
La duración real de un procedimiento puede depender de múltiples circunstancias: el tipo de órgano, la naturaleza del asunto, las actuaciones procesales necesarias, la carga de trabajo y otras circunstancias que pueden afectar a la tramitación.
El propio CGPJ señala que sus estimaciones se obtienen mediante un modelo matemático a partir de los asuntos ingresados, resueltos y en trámite al comienzo del periodo. Por ello, deben interpretarse como estimaciones estadísticas y no como plazos procesales individuales. (Poder Judicial)
¿Qué nos dicen realmente los datos?
Quizá la conclusión más interesante no sea cuál es la cifra media de duración de los procedimientos en Canarias.
La conclusión es que no existe un único “tiempo de la Justicia”.
En 2023, según las estimaciones del CGPJ, dentro de la jurisdicción civil en Canarias encontramos procedimientos con duraciones estimadas de:
2,9 meses → divorcios consensuados
frente a
50,4 meses → ejecuciones hipotecarias.
Entre ambos extremos existen numerosos tipos de procedimientos con comportamientos diferentes.
Para los profesionales que trabajan con procedimientos en Canarias, conocer estas diferencias permite interpretar mejor los datos, planificar el seguimiento procesal y, sobre todo, evitar generalizaciones sobre cuánto “tarda un procedimiento judicial” sin especificar primero qué procedimiento, ante qué órgano y en qué contexto.
Fuente
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales”, datos correspondientes a 2023.
Los datos utilizados en este artículo proceden de las estadísticas oficiales publicadas por el CGPJ. (Poder Judicial)
#elenabilher #icam
