¿Qué nos dicen los datos sobre la calidad de las sentencias en Canarias?
Los datos estadísticos pueden ayudarnos a observar cómo funciona la Justicia, siempre que se interpreten dentro de su contexto.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica periódicamente indicadores relacionados con la revocación de sentencias que permiten analizar, entre otros aspectos, qué porcentaje de resoluciones son recurridas, cuántas son confirmadas y en qué medida son revocadas o anuladas. El propio CGPJ advierte de que estos indicadores cuantitativos no permiten, por sí solos, medir la calidad de la Justicia, aunque sí ofrecen una referencia objetiva para comparar periodos, territorios y tipos de órganos judiciales.
El último boletín de la serie, correspondiente a los datos de 2025, ofrece algunos datos especialmente interesantes cuando ponemos el foco en Canarias.
Los datos de la jurisdicción civil en Canarias
En los órganos de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción de Canarias, la tasa de recurso en 2025 se situó en el 7,1 %, frente al 13,7 % registrado en 2024.
Al mismo tiempo, el índice de confirmación total alcanzó el 97,1 %, frente al 94,7 % del año anterior.
También resulta significativo el porcentaje estimado de sentencias anuladas: 0,00 % en 2025, frente al 0,02 % en 2024.
Son datos que muestran una evolución positiva respecto al año anterior, aunque conviene evitar conclusiones excesivamente simplistas. Una menor tasa de recurso o un mayor índice de confirmación no significan, por sí mismos, que podamos establecer una valoración global sobre la calidad de la Justicia.
El propio método estadístico utilizado por el CGPJ tiene limitaciones, entre ellas los desfases temporales que pueden existir entre el momento en que se dicta una sentencia, el momento en que se interpone un recurso y el momento en que ese recurso es resuelto.
¿Y qué ocurre en los juzgados de lo Mercantil?
Los datos de la jurisdicción mercantil también resultan interesantes.
En Canarias, la tasa de recurso pasó del 9,5 % en 2024 al 5,7 % en 2025.
El índice de confirmación total alcanzó el 97,7 %, frente al 96,5 % del año anterior, mientras que la tasa de anulación se situó en el 0 %.
En una jurisdicción en la que confluyen procedimientos de especial complejidad y en la que la actividad procesal puede tener una importante repercusión económica para empresas y particulares, estos indicadores constituyen un dato relevante para conocer la evolución de la actividad judicial.
Pero nuevamente es importante interpretar las cifras con prudencia.
Diferencias entre jurisdicciones
La fotografía cambia cuando observamos otras jurisdicciones.
En la jurisdicción penal de Canarias, la tasa de recurso fue del 4,4 %, con un índice de confirmación total del 99,2 % y una tasa de anulación del 0,07 %.
En la jurisdicción social, la tasa de recurso fue considerablemente superior, del 26,4 %, mientras que el índice de confirmación total alcanzó el 92,3 %.
En el ámbito contencioso-administrativo, la tasa de recurso llegó al 68,3 %, con un índice de confirmación total del 90,7 %.
Estas diferencias son precisamente una de las razones por las que no resulta adecuado comparar directamente los porcentajes de las distintas jurisdicciones sin tener en cuenta las características propias de cada una.
El propio CGPJ señala que determinados factores procesales y estructurales pueden explicar las diferencias existentes entre jurisdicciones, especialmente en ámbitos como el social.
¿Podemos hablar entonces de “calidad de las sentencias”?
Esta es probablemente la cuestión más interesante.
La respuesta debería ser con cautela.
Los indicadores de recurso, confirmación, revocación y anulación permiten conocer determinados aspectos del funcionamiento de las resoluciones judiciales, pero no pueden convertirse automáticamente en una clasificación de la calidad de los órganos judiciales o de las sentencias.
Una sentencia puede ser recurrida por múltiples razones. Y que una resolución sea confirmada tampoco significa que podamos reducir a una única cifra la valoración de la decisión judicial.
Por eso, más que buscar una conclusión absoluta, estos datos permiten observar tendencias.
En el caso de Canarias, los indicadores correspondientes a 2025 muestran, en varias jurisdicciones, una evolución favorable respecto al año anterior. Pero lo más interesante quizá sea disponer de estos datos para analizar cómo evoluciona la actividad judicial y poder compararla con otros territorios y periodos.
La perspectiva de la representación procesal
Desde la perspectiva de una procuradora de los tribunales, hay además una dimensión práctica que las estadísticas no reflejan directamente.
Detrás de cada procedimiento hay una actividad procesal diaria: recepción y traslado de resoluciones, control de plazos, presentación de escritos, seguimiento de señalamientos, comunicación con el juzgado y coordinación constante con los profesionales que dirigen el procedimiento.
En procedimientos tramitados en Canarias por despachos de abogados de la Península, esta dimensión adquiere especial importancia porque el despacho puede encontrarse a cientos de kilómetros del órgano judicial ante el que se desarrolla el procedimiento.
Por eso, la representación procesal en Canarias no consiste únicamente en la presentación formal de escritos o en la recepción de notificaciones. También implica conocer el funcionamiento de los órganos judiciales y mantener una comunicación fluida con el despacho que confía el procedimiento.
En mi caso, desarrollo esta actividad desde Tenerife y colaboro con despachos de abogados de toda España que necesitan representación procesal en Canarias, con presencia directa ante los órganos judiciales de las islas.
Puedes conocer con más detalle los servicios de representación procesal en Canarias y la colaboración específica que ofrezco a despachos de abogados de la Península.
Si el procedimiento se tramita en Tenerife, puedes consultar también la página dedicada a la representación procesal en Tenerife, donde se recoge la cobertura de los distintos partidos judiciales de la isla.
Una mirada a la Justicia desde Canarias
Los datos estadísticos son una herramienta útil precisamente porque permiten alejarnos de percepciones aisladas y observar tendencias.
Pero también recuerdan algo importante: la Justicia no puede reducirse a una cifra.
Las tasas de recurso, confirmación o anulación aportan información objetiva. La interpretación de esos datos exige, sin embargo, conocer el contexto de cada jurisdicción, cada territorio y cada tipo de procedimiento.
Como profesional que desarrolla su actividad diariamente ante los órganos judiciales de Canarias, considero especialmente interesante seguir estas estadísticas y observar cómo evolucionan con el tiempo.
No solo porque permiten conocer mejor nuestro sistema judicial, sino porque ayudan a entender la realidad en la que se desarrolla la actividad de abogados, procuradores, órganos judiciales y demás profesionales de la Justicia.
Sobre la autora
María Elena Bilbao Hernández es Procuradora de los Tribunales en Canarias, colegiada en Santa Cruz de Tenerife, con más de 15 años de experiencia en representación procesal.
Desarrolla su actividad profesional desde Tenerife y presta servicios a particulares, empresas y despachos de abogados de toda España, especialmente a profesionales que necesitan contar con una procuradora local para la tramitación de procedimientos ante los juzgados y tribunales de Canarias.
Su actividad comprende la representación procesal, el seguimiento de procedimientos, el control de plazos y notificaciones y la coordinación con despachos de abogados de la Península.
Puedes conocer más sobre María Elena Bilbao Hernández, su representación procesal en Canarias o sus servicios como procuradora para despachos de abogados de la Península.
Para procedimientos en la isla, puedes consultar específicamente la página de Procurador en Tenerife.
Fuente
Consejo General del Poder Judicial — Datos de Justicia. Boletín de Información Estadística. Nº 122. “Indicadores sobre la revocación de sentencias a la luz de la Estadística Judicial. Año 2025”.
